El pasado 15 de agosto, el pleno del Tribunal Constitucional puso punto final a las pretensiones de desconocer los efectos de la ley N°31520 que restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas y sustenta la nueva forma de gobierno en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, al ratificar la constitucionalidad y plena vigencia de dicha norma y desestimar todo reclamo en su contra.
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